JUNTOS X el CAMBIO

En el año 1979, con un contexto más que difícil para el país y la Universidad, el entonces Lic.Gürtler y su entonces directora, la Dra. Wisnivesky, llegaron a la localidad rural de Guanaco Muerto (al norte de Córdoba, unos 10 ranchos). En esa localidad se inició un conjunto de investigaciones epidemiológicas que habían sido relegadas, priorizando la mirada en el tratamiento de los pacientes y la ultraestructura del Trypanosoma cruzi.
En los años que siguieron se desarrollaron varias líneas de investigación que aportan conocimientos necesarios para la prevención y el control de la enfermedad en la población humana. Todos los colaboradores que han integrado el grupo por poco o mucho tiempo, entre los que me incluyo, reconocemos la importancia que esta experiencia tuvo en nuestro desarrollo como investigadores y como personas.
Estas investigaciones han contenido un doble carácter de calidad y pertinencia social que no es común en nuestra Facultad.
Y bien, no es nada de esto – que nunca negamos e insistiremos en reconocer – lo que motiva nuestra abstención en la votación por la promoción del Dr. Gürtler.
Nada más lejos de nuestro ideario que cuestionar un desarrollo de calidad y pertinencia social simultáneamente. Los méritos académicos del postulante se encuentran fuera de discusión.

El problema central ligado con este expediente es la temática del conflicto de intereses, tema que ha merecido una atención creciente en los últimos años, debido a la transformación de las relaciones entre universidades y empresas privadas.

En este caso, el conflicto de intereses estaría configurado por el hecho de que el laboratorio del Dr. Gürtler investiga en los últimos años la eficacia de pesticidas producidos por empresas del grupo monopólico Sigman y recibe en forma simultánea financiamiento por parte de una ONG directamente asociada a dicho grupo.

Considerando éste como el principal debate, presentamos ya el año pasado un proyecto de resolución.

Visto
La necesidad de establecer pautas éticas para la investigación desarrollada en el ámbito de la Facultad en lo referido a la configuración de un conflicto de intereses.
Considerando
- El pronunciamiento del Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología integrado por reconocidas personalidades como la jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, el químico Roberto Fernández Prini, el biólogo Alberto Kornblihtt y el escritor Noé Jitrik en el que se sugieren cuatro medidas:
"las autoridades del sector junto con la comunidad científica y las sociedades científicas analicen la necesidad de distinguir entre las fuentes de financiamiento provenientes de organismos extranjeros y eventualmente limitar aquellas que provengan de fuerzas armadas extranjeras orientadas a la producción de armamento".
"el Estado asegure que los resultados de las investigaciones realizadas en su ámbito sean públicos y libremente accesibles".
"las instituciones científicas y las sociedades científicas contribuyan a crear un ambiente favorable a la integridad en la investigación que incluye la transparencia en el uso de los recursos, modelos de conducta responsable e intelectualmente honesta y la creación de instancias que permitan dirimir controversias éticas".
"los investigadores puedan afirmar su conciencia sobre el papel de la investigación en la sociedad y se comprometan a que su labor científica creativa esté de acuerdo con los principios de justicia, respeto por la integridad y los derechos humanos, el bienestar, la igualdad y la paz".

El Consejo Directivo de la FCEyN resuelve:
Art. 1.- Determinar como conflicto de intereses incompatibles con el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de la FCEN:
a) Recibir cualquier tipo de apoyo o colaboración por parte de fuerzas armadas extranjeras o instituciones asociadas.
b) Recibir apoyo financiero por parte de empresas cuyos productos o servicios resultan sujeto de estudio respecto de su eficacia y/o riesgos asociados por parte de cualquiera de los miembros de un grupo de investigación. Los servicios a terceros autorizados por el CD no se encuentran comprendidos por esta norma ya que se encuentran sujetos a una
regulación particular.
Art. 2.- La obligación de informar todas las fuentes de apoyo y colaboraciones en las investigaciones realizadas en el ámbito de la FCEyN
Art. 3.- De forma

En este caso el conflicto de intereses radica en el apoyo financiero al grupo del Dr.Gürtler por parte de la ONG Fundación Mundo Sano para investigar la eficacia de los tratamientos con insecticidas fabricados por empresas del grupo Sigman. La fundación se encuentra directamente asociada a dicho grupo. A nuestro entender esta situación constituye per se un caso explícito de conflicto de intereses. Esto de ninguna forma significa que el Dr. Gürtler esté acusado de manipular resultados y/o recibir plata por debajo de la mesa. Cualquiera de estos casos constituirían delitos penales de fraude y/o corrupción cosas que nunca han sido planteadas por ninguno de los sectores que han manifestado reservas sobre esta promoción.

Una salida posible para avanzar en el tratamiento de este expediente sería el compromiso por parte del Profesor Gürtler de rechazar financiamiento por parte de cualquier empresa cuyos productos o servicios están siendo investigados por su laboratorio. Este compromiso derivaría en nuestro voto positivo para su nombramiento como Profesor Titular y al mismo tiempo evitaría que la discusión se desvíe del debate de fondo: la política impulsada por el gobierno nacional y las autoridades de la FCEyN donde las necesidades presupuestarias deben resolverse con la intervención de monopolios multinacionales condicionando, por acción u omisión, la vida académica de nuestra facultad (Barrick, Techint, Microsoft, Repsol, PanAmerican, etc).

Este mismo grupo Sigman, que gana cifras millonarias como uno de los proncipales proveedores de pesticidas al Estado en los programas de control vectorial (vinchucas y/o mosquitos) es el mismo que intermediará la importación de millones de dosis de la vacuna contra la Gripe A(N1H1) en los próximos 5 años, vendiéndolas al Estado y montando una planta propia con las ganancias. La política de producción nacional de medicamentos y vacunas, cajoneada. Las 10 millones de dosis de 2010 costarán 400 millones de pesos.